El expediente sitúa bajo examen la financiación comercial del club, la transparencia de sus costes y el riesgo deportivo asociado a una eventual sanción
El caso financiero del Manchester City tiene su centro de gravedad en una pregunta empresarial: cuánto de sus ingresos procedía realmente de la actividad comercial y cuánto del respaldo de su propietario. El procedimiento, conocido por los 115 cargos, cuestiona la información con la que el club acreditó el cumplimiento de las reglas económicas del fútbol inglés. Tras un dictamen desfavorable de la comisión independiente, la entidad ha recurrido y mantiene su inocencia.
La disputa no gira únicamente alrededor del gasto. Afecta a la clasificación de los ingresos, al registro de las remuneraciones y a la documentación entregada a los reguladores. Para el negocio del club, esas tres variables conectan la contabilidad con la capacidad de invertir y con la exposición a posibles sanciones deportivas.
El perímetro del expediente
La Premier League presentó las acusaciones en febrero de 2023, después de cuatro años de investigación. Las principales irregularidades examinadas corresponden a las temporadas entre 2009-10 y 2017-18, mientras que los cargos por falta de cooperación abarcan desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2023. Es un procedimiento disciplinario deportivo, no una imputación penal.
| Área investigada | Número de cargos | Variable bajo examen |
|---|---|---|
| Información financiera | 54 | Fiabilidad de los ingresos y de las cuentas comunicadas |
| Pagos a jugadores y entrenadores | 14 | Registro completo de las remuneraciones |
| Normativa de la UEFA | 5 | Cumplimiento de las obligaciones financieras europeas |
| Normativa de la Premier League | 7 | Cumplimiento de las reglas económicas de la competición |
| Cooperación con la investigación | 35 | Entrega de información y documentación requerida |
La distribución muestra que el expediente no se reduce a superar un límite de pérdidas. Su mayor bloque corresponde a la precisión de la información financiera, seguido de la cooperación con los investigadores. Los cargos incluyen distintas obligaciones y temporadas, por lo que no equivalen a 115 operaciones comerciales independientes.
949,94 millones bajo examen
Los patrocinios constituyen el principal punto de fricción. La acusación sostiene que el City registró como ingresos comerciales determinadas cantidades que procedían de aportaciones vinculadas a su propietario. Esa clasificación habría permitido presentar unas pérdidas inferiores y una posición más favorable frente a las exigencias financieras.
Según el informe de la comisión recogido por Associated Press, los patrocinadores de Abu Dabi pagaron 119,25 millones de libras de los 949,94 millones consignados en las cuentas analizadas. La comisión atribuyó los 830,69 millones restantes a Abu Dhabi United Group, la sociedad privada del jeque Mansour. El Manchester City rechaza esa interpretación y niega que los acuerdos se financiaran con dinero de dicha sociedad.
Esas cifras expresan el núcleo del desacuerdo: no se cuestiona únicamente cuánto dinero recibió el club, sino quién asumió el pago y cómo debía contabilizarse. Los 949,94 millones corresponden al conjunto de importes examinados, no a la facturación de una sola temporada.
Desde una lectura empresarial, el expediente plantea una diferencia entre liquidez y generación de ingresos. Ambas fuentes pueden aportar recursos, pero un patrocinio y una aportación del accionista no necesariamente tienen el mismo tratamiento regulatorio. La controversia consiste en determinar si el crecimiento comercial declarado reflejaba operaciones financiadas por los patrocinadores o dependía del propietario.
La otra variable: los costes
El análisis de los ingresos se complementa con el de las remuneraciones. La Premier League cuestionó si el City informó con precisión sobre determinados pagos a jugadores y entrenadores. Según la tesis investigada, algunos desembolsos no quedaron adecuadamente reflejados, lo que habría reducido los costes declarados.
Uno de los episodios examinados afecta al exentrenador Roberto Mancini y al supuesto abono de parte de su remuneración mediante un contrato de consultoría con un club de Abu Dabi. Tanto Mancini como el Manchester City han negado esa acusación.
La lógica financiera del expediente combina, por tanto, dos posibles distorsiones: ingresos comerciales superiores a los que corresponderían y gastos inferiores a los realmente asumidos. De acreditarse, esa combinación alteraría la lectura del equilibrio económico del club y de su cumplimiento normativo. La entidad sostiene que sus cuentas y sus acuerdos respaldan su posición.
Impacto comercial y riesgo deportivo
La apelación mantiene abierto el procedimiento. El Manchester City afirma que la resolución contiene errores de derecho, de principio y de hecho, y discute especialmente las conclusiones sobre el origen de los fondos. Según Associated Press, a 2 de octubre de 2026 todavía no se había impuesto una sanción. Las medidas posibles incluyen una amonestación, una multa, una deducción de puntos o la expulsión de la Premier League; ninguna debe presentarse como decidida.
Para valorar el impacto empresarial conviene separar los hechos acreditados de los escenarios. Las fuentes citadas no ofrecen una cuantificación de pérdidas de patrocinio, deterioro de marca o reducción de ingresos atribuibles al caso. No sería riguroso afirmar que esos efectos ya se han producido.
El riesgo comercial depende, sobre todo, de la eventual sanción. Una multa tendría un efecto económico directo; una medida que alterase la participación o la posición competitiva abriría un escenario más amplio para la planificación del negocio. Son vías de exposición, no pérdidas confirmadas ni previsiones cuantificadas.
La cuestión decisiva para el Manchester City sigue siendo la trazabilidad de su financiación. El resultado de la apelación determinará si prevalecen las conclusiones de la comisión o la defensa del club.